COB amenaza de huelga (Bolivia)

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Venciendo la resistencia de los sindicalistas
afines al gobierno indígena-campesino, la Central
Obrera Boliviana (COB) decretó una huelga general
indefinida y movilizaciones desde el próximo 16
de junio para frenar la rebelión de la oligarquía
y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con
sus promesas de acabar con el neoliberalismo,
profundizar las reformas y mejorar la calidad de
vida de la población.

El ampliado de la COB, celebrado este lunes en La
Paz con la participación de los principales
sindicatos y organizaciones populares urbanas y
rurales del país, convocó a la huelga y al
bloqueo de caminos para presionar a Evo para que
cumpla con la denominada "agenda de octubre", que
postula la expropiación a dominio estatal de las
empresas transnacionales del gas, petróleo y
minerales, la expropiación de los latifundios y
la entrega de tierras para los campesinos, el
aumento general de sueldos y salarios, el control
de precios de los alimentos y la aprobación de
una nueva ley de pensiones.

"Después de un debate de más de tres horas
llegamos a conclusiones, que frente a la política
del gobierno de Evo Morales que ha hecho a un
lado al pliego de la COB y no hubo respuesta
alguna, los trabajadores de forma unánime han
decretado que a partir del 16 de junio empieza el
bloqueo nacional de caminos y la huelga general
indefinida", dijo el dirigente de la Central
Obrera de Oruro, el minero Jaime Solares.

El dirigente laboral, que dirigió los
levantamientos populares en el 2003 y 2005 que
derrocaron a dos gobiernos neoliberales, explicó
que el ampliado laboral instruyó a los
sindicalistas organizar la huelga y los bloqueos
desde las bases.

"En todos los departamentos se harán ampliados
para organizar la huelga general e informar a las
bases, acerca del trabajo que harán para
consolidar la medida de presión", agregó.
"Necesitamos el apoyo del pueblo para revertir
las cosas que existen en el país a todo nivel",
dijo al explicar que la lucha laboral se orienta
a frenar la conspiración de la oligarquía que
avanza con sus referéndums separatistas, para
profundizar los cambios políticos y económicos en
el país y para defender la economía y salud
popular.

Línea revolucionaria

La decisión del ampliado de la COB se sustenta
básicamente en la línea política aprobada por la
última asamblea de los mineros de Huanuni y las
recientes resoluciones del Congreso de la Central
Obrera orureña, que han cobrado gran fuerza al
interior de la organización unitaria de los
trabajadores.

"Nuestra lucha debe ir dirigida a arrebatar la
fuente del poder económico de esta minoría
oligárquica y latifundista. Eso significa luchar
por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y
2005, nacionalizando las empresas trasnacionales
y recuperando las empresas capitalizadas. Así
herimos de muerte a los gamonales, frenamos el
saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos,
en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos
ha sometido el capitalismo y neoliberalismo",
había señalado la asamblea de los 5 mil mineros
de estaño de Huanuni.

Allí, en la mayor mina estatal del país, los
sindicalistas conminaron al gobierno de Morales a
dejar de lado su política conciliadora con la
burguesía, que lo único que logró fue que la
derecha y el fascismo alcen cabeza, ganen a las
clases medias y tomen el control de casi la mitad
de Bolivia, levantando gobiernos paralelos y en
desacato al de Morales.

"El Gobierno -dice la asamblea minera-- ya no
puede eludir irresponsablemente este camino.
Basta de concertar con los conspiradores y
saboteadores del verdadero proceso de cambio. El
cambio no debe ser frase hueca sino cambio
estructural para recuperar nuestros recursos
naturales y explotarlos a través del Estado bajo
control social. Nacionalizar e industrializar
nuestras riquezas debe ser el objetivo inmediato.
La experiencia ha demostrado que sólo el pueblo a
través del Estado puede hacerlo".

Cuestionamientos

La reunión laboral también cuestionó la actitud
de los principales dirigentes oficialistas de la
COB, como Pedro Montes, que suspendieron
inconsultamente las movilizaciones, apoyando la
política conciliadora de Morales con la
oligarquía y evitando que los trabajadores
reclamen por sus reivindicaciones y en contra del
visible deterioro en los ingresos reales y su
calidad de vida.

"Ha habido un cuestionamiento de todos los
sectores y se resolvió que se llevará adelante el
Congreso de la COB (para elegir a nuevos
dirigentes, NdR), después de las movilizaciones
del 16 de junio", explicó Solares.

En la percepción de los sindicatos más
radicalizados, como los mineros y los maestros
urbanos de La Paz (que este viernes reeligieron a
sus radicales dirigentes trotskistas), el
fortalecimiento de la derecha y los crecientes
abusos contra los trabajadores se explicar por la
inacción y debilidad gubernamental.

Lucha de clases

Así, los mineros de Huanuni, tras condenar "la
agresión salvaje a los hermanos campesinos por
parte de grupos pagados por los oligarcas y
latifundistas de Sucre y la media luna",
advirtieron "que de continuar este salvajismo
fascista los mineros marcharemos en defensa de
nuestros hermanos de clase para castigar a los
culpables de estos atropellos que se vienen
haciendo costumbre en Sucre y los departamentos
donde controlan las bandas fascistas de
adinerados extranjeros".

"La represión cobarde desatada por los grupos
fascistas de Sucre contra compañeros campesinos (
a los que desnudaron, golpearon, arrastraron por
las calles y los hicieron arrodillar y pedir
perdón en la plaza central, NdR) es una nueva
provocación a las mayorías nacionales y a la
clase trabajadora que está cansada de estos
atropellos y abusos humillantes organizados y
financiados por la oligarquía trasnacional y
latifundista que conspira abiertamente contra el
orden establecido promoviendo el desacato
sistemático a las leyes de la República".

"La lucha de clases se polariza cada vez más.
Atribuir sólo al racismo estos continuos ataques
contra nuestros hermanos originarios y
campesinos, del cual somos parte, es un error que
debemos superar. Las minorías aplastadas el 2003
y 2005 deben definitivamente ser eliminadas
porque son las financiadoras de este estado de
anarquía e ilegalidad montado sobre el gran show
de las autonomías", agrega la proclama aprobada
por la asamblea minera.